Un código de conducta en préstamos estudiantiles, emitido por la oficina de la fiscal general del estado, prohíbe tanto a universidades como a colegios estatales mantener relaciones financieras con las entidades que prestan dinero a los estudiantes.

La oficina de la fiscal Anne Milgram, junto con la División de Asuntos del Consumidor, continúa con una investigación, iniciada en mayo pasado, para determinar si existe algún tipo de conflicto entre los prestamistas y los centros de enseñanza universitaria.

Milgram, ordenó a 66 universidades, colegios y escuelas de tecnología del estado someter toda información relacionada con programas de prestamistas preferidos de los estudiantes. Además, 17 entidades que proveen préstamos, recibieron citaciones por parte de la fiscalía, concerniente a los acuerdos de compartir las ganancias o promover a los prestamistas a cambio de beneficios de asistencia financiera, que las autoridades pudieran haber recibido incluyendo los pagos directos, cenas u otro tipo de atenciones.

Al respecto, la fiscal dijo que “la clave está en asegurar que ningún estudiante sea manipulado por los llamados prestamistas preferidos, simplemente porque la universidad o colegio tiene un arreglo especial con el prestamista. Los estudiantes deben conseguir los mejores préstamos.”

Dentro de las prohibiciones que se encuentra el que ningún colegio o universidad puede aceptar cualquier objeto de valor de parte de las instituciones de préstamos, rechazando además que, los prestamistas hagan pagos, reembolsos a los empleados de la universidades en gastos de alojamiento, comidas o viajes a las conferencias o seminarios de adiestramiento, relacionados con los programas de préstamos para los estudiantes.